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A finales de agosto se hizo pública la adquisición por parte de los militares sudafricanos del interferón cubano Alfa 2B humano recombinante, por una suma de 214 millones de rands, lo que equivale a más de 14 millones de dólares.
La noticia salió a la luz cuando Thandi Modise asumió el cargo del Ministerio de Defensa y Veteranos Militares de Sudáfrica. En ese momento, Modise advirtió a sus subordinados que habría consecuencias serias por la compra de un supuesto fármaco contra la COVID-19 que no estaba registrado por la agencia reguladora de su país.
Durante su primera sesión informativa ante el Parlamento como ministra del Gabinete, Modise destacó que todos los procesos de adquisición fueron ignorados por los altos mandos militares al momento de formalizar el acuerdo.
De acuerdo con el medio sudafricano News24, en ese entonces, enfatizó que no se cuestionaba la efectividad del interferón producido en Cuba, sino la falta de cumplimiento de los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud de Sudáfrica para su compra.
Más de dos meses después, la controversia resurge debido a la orden de devolver el interferón a Cuba o destruirlo una vez que expire. El sitio web Internet Defense Web explicó que esta decisión fue el resultado de una reunión del comité del Parlamento de Sudáfrica encargado de Defensa y Veteranos Militares (PCDMV) celebrada el 1 de diciembre.
La Agencia Reguladora de Productos Sanitarios de Sudáfrica (SAHPRA), junto a un equipo de trabajo de alto nivel designado por el exministro de Defensa Nosiviwe Mapisa-Nqakula, presentó un informe en el que se negó a dar la aprobación para el uso del medicamento cubano.
«No se siguió ningún proceso de adquisición apropiado, ya que el medicamento fue adquirido dentro del marco del Proyecto Thusano, un acuerdo militar entre Cuba y Sudáfrica, y todos los gastos asociados con Heberon son irregulares», se concluyó en la reunión de alto nivel, según publicó Internet Defense Web.
La decisión de destruir el interferón podría generar un clima de tensión entre La Habana y Pretoria, quienes han colaborado durante años en áreas de salud y defensa.
Por ejemplo, las Fuerzas Armadas de ambos países colaboran en servicios de entrenamiento y programas educativos. Además, el ejército sudafricano ha pagado a las FAR cerca de 70 millones de dólares a través del Proyecto Thusano, mediante el cual técnicos cubanos han reparado más de 11,000 vehículos de esta fuerza en los últimos siete años, a pesar de que el proyecto finalizó oficialmente en 2019.
En el ámbito de la salud, se estima que Sudáfrica pagaba por la prestación de médicos cubanos más de seis millones de dólares anuales incluso antes de la crisis sanitaria.
Si se desata una crisis diplomática entre ambos gobiernos, podría verse afectado el flujo de millones de dólares que ingresan a las arcas del Estado cubano desde Sudáfrica, uno de los principales socios comerciales de la isla en el continente africano.
La controversia vuelve a ser noticia en momentos en que Sudáfrica registra un aumento de casos de COVID-19 a causa de la nueva variante Ómicron, descubierta en el país el 9 de noviembre, la cual se está propagando por todo el mundo, afectando las economías globales ante una posible nueva ola de contagios.
Al inicio de la pandemia, el interferón Alfa 2B Recombinante, un medicamento que produce Cuba y que también se elabora con tecnología cubana en la empresa mixta Chang Heber, se convirtió en un fármaco clave para el gobierno cubano, que intentó exportarlo a otras naciones ante la falta de un tratamiento específico contra la COVID-19.
Según el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, conocido también como Heberon Alfa R, se clasifica como un modificador de la respuesta biológica y proporciona una solución terapéutica a enfermedades virales, inmunológicas y neoplasias.
