Texto: Karla Castillo
Un “autogolpe de Estado”, “un golpe de Estado técnico” o un acto “inconstitucional” y “antidemocrático” son algunas de las descripciones que se han dado sobre lo sucedido este sábado por la Asamblea Legislativa alineada con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele: la destitución de los jueces constitucionales de la Corte Suprema.
Esta vez, no solo se cuestiona el qué, sino también el cómo. El presidente salvadoreño actuó contra los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), supuestamente por cometer fraude a la constitución y violar la separación de poderes, según lo informado por la agencia española Efe.
La Asamblea Legislativa de Bukele, durante su primera sesión, que debió ser una plenaria protocolaria para la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa tras las elecciones del 28 de febrero, destituyó a los magistrados y al fiscal general sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Constitución, reemplazándolos con personas cercanas al mandatario.
Según El Faro, el artículo 185 de la Constitución de El Salvador establece que la lista de candidatos a magistrados de la Corte debe provenir del Consejo Nacional de la Judicatura, asegurando así que se incluyan nombres de diversos sectores representativos de los abogados. Por lo tanto, lo realizado por la Asamblea Legislativa es considerado inconstitucional.
Entre los destituidos se encuentran: el presidente de la Sala de lo Constitucional y de la CSJ, José O. Armando Pineda, así como los magistrados propietarios Aldo Enrique Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Ernesto Sánchez y Marina de Jesús Marenco, además de los suplentes Rogel Zepeda, José Cristóbal Reyes, Jorge Alfonso Quinteros, José Luis Lobo Castelar y Sonia Elizabeth Cortez de Madriz.
Ante esta situación, los afectados emitieron una resolución en la que declaran inconstitucional el procedimiento. La reacción de Bukele fue burlarse en sus redes sociales y colocar bajo vigilancia policial los accesos a la Corte.
Medios internacionales informan que la destitución ha dejado al órgano Judicial incompleto y sin presidente. Esta medida fue aprobada con 64 votos de los 84 diputados, todos oficialistas.
Según Efe, esos votos fueron emitidos por los partidos Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).
Previo a estos sucesos, Bukele había acusado a los jueces constitucionales de limitar sus facultades durante la pandemia de COVID-19. En una ocasión, llegó a afirmar que “si realmente fuera un dictador”, ya habría fusilado a los magistrados constitucionales de la Corte Suprema debido a sus acciones en respuesta a los decretos emitidos durante el confinamiento por el coronavirus.
“Los hubiera fusilado a todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvar mil vidas a cambio de cinco”, fueron las palabras que, según Efe, expresó el presidente en ese momento.
El Faro destaca que las decisiones adoptadas buscan eliminar dos de los últimos límites institucionales al poder del presidente, quien ha estado en el cargo desde mediados de 2019 y cuyo partido tuvo una victoria abrumadora en las elecciones legislativas del 28 de febrero.
Lo ocurrido fue transmitido por el canal estatal salvadoreño 10 y duró cerca de una hora. Posteriormente, la Sala Constitucional emitió la declaración de inconstitucionalidad sobre la medida adoptada por el legislativo, afirmando además que este intento de destitución ilegal constituye una forma de coacción del Ejecutivo. Organismos internacionales como Amnistía Internacional y CEJIL, así como el gobierno de Estados Unidos, han condenado la acción que se realizó sin debate en la plenaria y sin derecho a defensa para los magistrados, pero las quejas han tenido poco impacto; ya está lista la selección de los suplentes y hasta las redes sociales y el sitio web de la Asamblea han cambiado su logotipo.
