Foto: Shutterstock
Texto: Fede Gayardo
Recientemente se llevó a cabo un juicio penal oral y público en la provincia de Matanzas, donde se investiga un presunto acto de sabotaje ocurrido hace alrededor de un año, según reportó el medio estatal Cubadebate.
El caso se centra en la acción de un empleado que, tras haber trabajado como custodio en la Empresa de Prefabricado y Premezclado de Jovellanos, Matanzas, escalar la barrera perimetral de la instalación y desconectar cuatro cables que conectaban la pizarra con la planta de batching automatizada.
Este acto provocó la interrupción de la producción de materiales de construcción en una industria que tenía planes de enviar prefabricados a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) para reforzar su infraestructura.
Asimismo, se reportaron pérdidas económicas que superaron los 174,000 CUP, contabilizando los costos por reparaciones tecnológicas y la producción no realizada durante ese periodo, lo que tuvo un impacto significativo en los salarios de los trabajadores, según destacó el periódico Girón.
En su informe final oral, la fiscal del Departamento de Procesos Penales en la Fiscalía territorial de Matanzas subrayó que estos actos delictivos causan un perjuicio considerable tanto a la economía nacional como a las familias, debido a su repercusión en diversas áreas.
“Es fundamental tener en cuenta que esto ocurrió en un momento en que el país enfrenta una lucha constante por reactivar la economía, con escasez de recursos y un compromiso permanente hacia el desarrollo de pequeños y medianos enclaves, como es el caso de esta industria en Jovellanos,” enfatizó la fiscal.
En relación a la figura delictiva de sabotaje, aclaró que, de acuerdo a la legislación, quien actúe con conocimiento de que sus acciones pueden afectar el funcionamiento normal de un sistema y proceda a destruir, alterar o dañar medios, recursos, edificaciones, sistemas, instalaciones o unidades socioeconómicas o militares, se expone a una pena de reclusión que va de siete a 15 años.
Este proceso, que, según el medio matancero mencionado, se llevó a cabo garantizando en todo momento los derechos y garantías establecidos en la Constitución, fue “declarado constituido en espera de una sentencia.”
