Foto: RRSS
Una locomotora Baldwin de línea estrecha de 1917 que perteneció al ingenio Vitoria, situado en el centro norte de Cuba, desapareció hace varios meses del lugar donde se encontraba custodiada, que era una base de ómnibus en el municipio de Jatibonico.
Sin embargo, lo más significativo del acontecimiento no es solo la desaparición —que ya resulta bastante sospechosa, dado que una estructura de hierro no desaparece así como así—, sino que el artefacto formaba parte de un selecto grupo de locomotoras que habían sido declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, y ni siquiera eso logró protegerlo de los ladrones.
En abril, la prensa local narró el calvario de la locomotora desde su ubicación original, en un ingenio del municipio Yaguajay, pasando por un área del central Uruguay hasta llegar a la base de ómnibus de Jatibonico. Este proceso se caracterizó por un “quita aquí para poner allá” con el pretexto de encontrar el mejor lugar para su conservación. Como resultado, el artefacto, que contaba con 105 años de antigüedad, terminó, según la versión popular, convertido en cabillas. Cabillas de las que tampoco se tiene certeza sobre su paradero.
Durante el proceso investigativo se reveló que el problema tuvo su origen en una reunión de las entidades implicadas, donde se tomó la decisión de desmembrar la locomotora porque “ocupaba espacio y no cumplía ningún objetivo”; hubo quien sugirió que las piezas serían más útiles como chatarra.
Estos razonamientos cuestionan la capacidad de los dirigentes y estamentos intermedios de empresas y organismos estatales que desconocen nociones básicas para la gestión del patrimonio, en este caso el azucarero, y toman decisiones que evidencian una alarmante falta de sensibilidad.
De esta manera, una de las locomotoras declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, según se establece en la Resolución 02 de 2004 del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), se esfumó, que es la forma más poética de decir que esos hierros oxidados terminaron en los bolsillos de alguien.
“Desde el Gobierno Provincial se creó un grupo de trabajo para analizar lo sucedido —explicó a medios locales el espirituano Ricardo García Hernández, coordinador de Programas y Objetivos—. Se realizó un análisis muy crítico sobre todos los responsables y se constató que había un desconocimiento del valor del bien”.
Alberto Martínez García, director de la Empresa Provincial de Transporte en Sancti Spíritus, a la cual se subordina la Unidad Empresarial de Base (UEB) Transporte Jatibonico, donde se desmembró la locomotora, señala al medio citado que el director de la UEB, al asumir el cargo, nunca recibió constancia de la existencia de ese artefacto, lo cual le exime de responsabilidades.
Al concluir el proceso investigativo, el Gobierno Provincial se ampara en “la falta de conocimientos” y no sanciona a nadie: “Estamos trabajando para tener claridad sobre la ubicación de todos los inmuebles con valores patrimoniales (…). Estamos tomando medidas para que un hecho como este no vuelva a ocurrir”, aseguró Ricardo García Hernández. Pero no es esa la lección que deja este capítulo de lamentable impunidad. Si, en primer lugar, un bien patrimonial se abandona en un lugar cualquiera; si luego se “evapora” y, finalmente, no se inicia un proceso legal ni le cuesta a nadie el puesto, ¿quién garantiza que sucesos como este, que dañan el patrimonio de la nación, no se repitan?
