Texto: Mónica Fernández
Cuba realizó hoy su primera intervención como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, tomó la palabra en el Segmento de Alto Nivel del 46° período ordinario de sesiones de este organismo. Su discurso se centró en el acceso a la salud, la condena a la inclusión de Cuba en la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo, y en los programas cubanos destinados a combatir el racismo y promover el avance de las mujeres.
Resulta contradictorio que mientras el día de ayer el ministro Rodríguez expuso ante Naciones Unidas el compromiso de Cuba con el desarme, en una zona periférica de La Habana se llevó a cabo un acto de repudio que terminó en vandalismo, todo con la complicidad de funcionarios gubernamentales y policiales presentes. ¿La causa? Unos mensajes antigubernamentales pintados en la pared de una vivienda ocupada ilegalmente por una mujer y sus hijos.
Solo 24 horas después, Rodríguez afirmó ante las Naciones Unidas que Cuba cumple con sus compromisos de cooperación con los mecanismos de derechos humanos de aplicación universal. No sorprende, entonces, que exista escepticismo al escucharle afirmar hoy que: “defenderemos el diálogo respetuoso y constructivo, en contraposición a los enfoques punitivos, la manipulación política y la selectividad”.
En los últimos meses, se ha ampliado la brecha entre el gobierno y la ciudadanía, y se han fomentado comportamientos punitivos, manipulativos y selectivos en la política nacional. El presentador televisivo Humberto López representa la cara más visible de esta situación.
La violencia emocional que emana del video de los sucesos de ayer – el acto de repudio, los gritos dentro y fuera de la casa, el salto al patio por encima de una cerca ante la mirada de al menos una veintena de personas, la creencia posteriormente desmentida de que la mascota familiar había sido asesinada, y la torpe pintada de la fachada – generó un inmediato revuelo a través de las redes sociales. Sin embargo, quienes analizan el episodio de ayer de manera aislada incurren en un simplismo. Para abordar lo sucedido, primero es necesario entender que Anyell Valdés Cruz lleva más de cinco años en conflicto abierto con el gobierno local por la falta de vivienda.
Desde diciembre de 2015, Valdés ocupó ilegalmente un local perteneciente al Estado en la barriada de Los Pinos, Arroyo Naranjo. Según relató en ese momento a Cubanet, su anterior vivienda estaba catalogada como “inhabitable irreparable” y desde 1987 contaba con un expediente de albergue. Cuando sus gemelos, hijos del opositor Roberto Ferrer Gener, tenían solo dos meses, ella decidió ocupar el local donde reside actualmente.
Algunos reportes indican que el local era un almacén para la recolección de materias primas perteneciente a los CDR, mientras que otros lo describen como una Casa del Combatiente. Lo cierto es que estaba desocupado, y al tomar posesión de él, hizo algunas mejoras para volverlo habitable.
El 19 de marzo de 2018, ante la amenaza de desalojo, Valdés se personó en las afueras de las oficinas del Consejo de Estado en la Plaza de la Revolución, donde fue detenida brevemente. Desde entonces, sus protestas han sido frecuentes debido a la imposibilidad de legalizar la propiedad. Un video presuntamente grabado en febrero de 2020 y publicado en Facebook muestra a Valdés y sus hijos sosteniendo un cartel de repudio al gobierno, tras recibir la negativa al cambio de uso del inmueble. Más tarde ese año, Valdés se uniría a los acuartelados de San Isidro, aunque no es parte de dicho grupo.
El incidente del lunes 22 de febrero de 2021 se suma – de manera mucho más dramática – a las experiencias anteriores vividas por la familia de Valdés en los últimos cinco años. El día anterior ella había pintado la fachada de su casa con escritos que decían “Patria y Vida”, “#Revolución es Represión”, “Díaz Canel, no te queremos”, “No queremos dictadura” y “Abajo la dictadura”. La respuesta fue una movilización de personas, entre las que el diario 14ymedio identificó a la Intendente de Arroyo Naranjo, Kirenia Pomares.
Una lona impresa con la imagen de Fidel Castro presidió el acto, que algunos han señalado que debería calificarse más como un acto de odio que de repudio. Al menos dos hombres y una mujer saltaron la cerca de la casa y, utilizando pintura azul, cubrieron los carteles de la fachada, dejando en su lugar otros que decían “Patria o Muerte” y “Fidel”. Después de la indignación inicial, se está organizando a través de las redes sociales una campaña para recaudar fondos que permitan repintar la casa.
Más allá de su relación con el opositor padre de sus hijos, no hay evidencia de que Anyell Valdés Cruz haya desarrollado algún tipo de activismo político antes de su complicada situación por la falta de vivienda. Considerando que el derecho a una vivienda adecuada fue reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, este derecho se incluiría entre los compromisos de cooperación con todos los mecanismos de derechos humanos de aplicación universal que el ministro Rodríguez afirma que Cuba respeta.
Como madre de más de tres hijos, Valdés debería ser elegible para recibir beneficios relacionados con el Programa de Atención a la Dinámica Demográfica de Cuba y la Política Nacional de la Vivienda. En junio de 2020, el Ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, mencionó durante una Mesa Redonda que no siempre se otorgaba una nueva vivienda a estas madres, ya que se evaluaba la situación del inmueble donde residían.
¿Acaso no existe un mecanismo que permita regularizar el inmueble que Valdés ocupa ilegalmente? ¿Su activismo político la coloca en una situación en la que sus derechos son vulnerados? ¿O su activismo político ha simplemente evidenciado aún más el estancamiento burocrático en un área tan sensible como la vivienda?
Hasta el momento, el gobierno cubano no se ha pronunciado sobre lo acontecido el lunes 22 de febrero en Los Pinos. Lo más cercano a una declaración oficial es una publicación en Facebook del perfil pro-gubernamental La Página de Mauro Torres, quien asegura que Anyell Valdés desea “tumbarle una casa al Gobierno” y afirma que ella ha rechazado propuestas para ser reubicada en el “mejor albergue del municipio”.
Pero, ¿de verdad justifica pintar textos políticos en una fachada la desproporcionada reacción del día de ayer? Si el mismo Torres (que aparentemente utiliza un seudónimo) reconoce que pintar un mensaje provocador en una pared iba a generar un espectáculo, ¿hasta qué punto las autoridades se dejan provocar en lugar de optar por una negociación constructiva o una solución más diplomática?
Anyell Valdés Cruz no es un modelo de ciudadana: ocupó una vivienda de forma ilegal, no tiene empleo y ha encontrado en la oposición política una forma de canalizar frustraciones que inicialmente eran de índole económica. Especialmente, considero reprochable que involucre a sus hijos y los utilice como escudo, llevándolos a las protestas y exponiéndolos a la violencia que ello conlleva. ¿Significa esto que sus derechos pueden ser vulnerados? No, al contrario. La Declaración Universal de Derechos Humanos lo deja claro: todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.
La historia demostró el costo político de los actos de repudio de la década de 1980. ¿Acaso los dirigentes cubanos tienen tan corta memoria? La violencia genera violencia: cada vez que se elige responder al disenso con agresión (ya sea física o emocional), la ciudadanía se resentirá y, a su vez, atacará y desacreditará a las instituciones gubernamentales.
En este contexto, el diálogo es prácticamente inexistente; la realidad política cubana se presenta como un campo de batalla fragmentado. En dicho panorama, ¿cómo es posible hablar de avanzar en los derechos humanos?
