Foto: RL Hevia
En el contexto de la crisis generalizada que atraviesa Cuba, la búsqueda de cualquier detalle para “intervenir” se ha convertido en una práctica habitual del Gobierno de la Isla, que ahora tiene un nuevo objetivo: los puntos de venta en autopistas, vías principales y carreteras del país.
Esta no es una medida nueva, ya que frecuentemente se enfoca en situaciones que, aunque no representan problemas graves, sirven para mostrar el “trabajo” del Gobierno en su lucha contra las ilegalidades y en la conservación o aumento de los controles.
Es relevante mencionar que se ha reconocido “la falta de control y seguimiento de los cuerpos de inspección, organismos, entidades y gobiernos territoriales ante el crecimiento descontrolado de kioscos y puntos de venta en las autopistas y vías principales”.
En este contexto, según medios oficiales, el Consejo de Ministros ha aprobado un programa de acciones para eliminar las ilegalidades que han sido detectadas, tanto en personas naturales como jurídicas.
La justificación detrás de esto es mantener “en estricto cumplimiento de lo establecido en los instrumentos de Ordenamiento Territorial y Urbano, así como las demás obligaciones que establecen las entidades participante en el proceso”.
A estos puntos se suman, en esta nueva cruzada del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu) –anteriormente conocido como Planificación Física– aspectos como la construcción de puntos de venta en la franja de vialidad, la evasión de impuestos, la violación de regulaciones urbanas y la ausencia de contratos o arrendamientos del espacio.
Aunque una de las justificativas más repetidas es que “la dirección del país no tiene nada en contra del funcionamiento de esos puntos de venta”, las persecuciones del Inotu son conocidas por presentar diversos problemas: o los inspectores se corrompen, o se cierran los establecimientos de manera definitiva.
No podemos olvidar que en 2023 también se intensificaron los operativos policiales en la Autopista Nacional con el objetivo de atrapar a los vendedores, principalmente de bebidas y alimentos, y de imponer multas que rondan los cinco mil pesos.
Aunque el objetivo del Gobierno sea mantener la legalidad, volvemos al hecho de que el país carece de recursos para mantener los servicios en los tramos de la autopista, aunque en ocasiones los precios de los productos vendidas duplican los de otros lugares. Lo ideal sería encontrar un punto intermedio que permita que las ventas se mantengan dentro del marco legal, aunque sabemos que en Cuba siempre hay alguien que termina ganando.
