Más que orden y eficiencia, la Resolución 275 del 2024 del Ministerio de la Agricultura de Cuba ha generado malestar y preocupación entre los campesinos. Esto se debe no solo a que algunos consideran la nueva norma como una camisa de fuerza que los obliga a vender la mayor parte de sus productos al Estado, sino también porque los precios establecidos no reflejan los costos que enfrentan los trabajadores agrícolas.
Sin guardar reservas, los hombres y mujeres del campo expresan sus opiniones en redes sociales desde sus faenas diarias: “¿Quién fija esos precios sin haber madrugado a las dos de la mañana para ordeñar una vaca?”, “¿cómo puedo vender el litro de leche a la industria a 38 pesos si en la calle está a 100?”, “vendo al Estado un animal por 15,000 pesos y luego ellos lo procesan, sacando 60,000 pesos sin haber gastado un centavo en su alimentación durante años”.
Aunque la resolución tiene el noble objetivo de priorizar la contratación de las empresas estatales con los diferentes actores del sistema agroproductivo, con la intención de satisfacer la demanda y respaldar el plan económico y los balances nacionales de productos, la normativa cae “en paracaídas” en medio de una grave crisis caracterizada por la dependencia de importaciones y los altos precios de los alimentos. Por ello, nadie confía en que pueda resolver por sí sola el crónico problema alimentario en Cuba.
Diseñada para organizar y controlar la comercialización de bienes agropecuarios, forestales y tabacaleros para el 2025, la resolución se aplica a todos los actores de la base productiva del sistema agrícola: cooperativas agropecuarias, empresas y unidades empresariales de base, mipymes estatales, privadas y mixtas, así como propietarios y otros poseedores de tierra y productores agropecuarios y forestales. Esto ocurre en un país donde solo se explota el 32% de la superficie agrícola, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información.
A pesar de ser conscientes del impacto devastador que tiene sobre la agricultura la falta de fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, combustibles y alimentos para animales, las autoridades cubanas atribuyen la escasez de alimentos a los problemas con la contratación, aferrándose a la cifra de que hasta julio pasado, 9,100 productores habían incumplido con esa fase, según el informe presentado en la última sesión del parlamento.
La inminente implementación de la medida no solo ha creado controversia entre los productores, sino también entre los expertos, quienes han señalado que esta resolución se basa en un diagnóstico erróneo al considerar que la contratación inadecuada es la principal causa de la débil capacidad de respuesta del agro.
El reconocido economista Pedro Monreal advirtió en su cuenta de X que la nueva resolución del Ministerio de Agricultura podría ser el peor error en política económica en Cuba desde el proceso de ordenamiento, un comentario que ha encendido las alarmas.
Para Monreal, se invierte la dinámica entre producción y distribución. “En realidad, es el fallo en la oferta, causado por la falta de insumos e infraestructura, la baja inversión y mercados disfuncionales, lo que origina problemas en la contratación”, añadió.
Más allá de la terminología técnica que se utilice para describir el fenómeno, los guajiros coinciden con los expertos en que la norma ya está generando un aumento en la incertidumbre y un incremento en los precios de los productos agropecuarios en el mercado informal, que es, en definitiva, el único lugar donde los cubanos logran encontrar —cuando tienen suerte— la comida.
