Foto: Archivo CN360
Texto: Hugo León
En un movimiento inesperado, siguiendo el ejemplo del demócrata Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha decidido retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, justo antes de ceder el poder. Esta decisión tiene importantes repercusiones tanto políticas como migratorias.
Además de esto, Biden ha levantado sanciones sobre las empresas militares de Cuba y ha suspendido el Título III de la Ley Helms-Burton.
De acuerdo con fuentes cercanas a la Casa Blanca, el presidente Biden informó al Congreso el martes que el Departamento de Estado procedía con la eliminación de Cuba de la lista y que también se “rescindía” un memorando de la administración Trump, que era fundamental en las políticas de sanciones contra el conglomerado industrial-militar cubano GAESA, el cual ejerce un control significativo sobre la economía de la isla.
Cuba eliminada de la lista de países patrocinadores del terrorismo
Solo faltan seis días para que el presidente Joe Biden deje su cargo y el republicano Donald Trump asuma la presidencia. En lo que parece ser un último esfuerzo, el mandatario saliente ha dado a conocer varias medidas cruciales que alteran la dinámica política entre Washington y La Habana.
Primero, Biden ha excluido a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, lista a la que la isla fue añadida por primera vez en 1982, bajo el argumento de que brindaba apoyo a grupos terroristas. En 2015, Barack Obama eliminó a Cuba de esta lista como parte de su política de acercamiento, pero Donald Trump decidió volver a incluirla antes de su regreso a la Casa Blanca en pocos días.
Los analistas políticos señalan que la salida de Cuba de esta lista podría facilitar que los ciudadanos españoles en la isla regresen a Estados Unidos sin necesidad de esperar un período prolongado fuera de Cuba, como lo exigen las restricciones actuales.
Se dice que esta decisión se toma con el objetivo de “ayudar al pueblo cubano”, que anhela la liberación de numerosas personas detenidas por el régimen tras las protestas de julio de 2021, con el apoyo de la mediación de la Iglesia católica, según informan medios estadounidenses.
La Casa Blanca también comunicó otras acciones, incluyendo la suspensión del derecho a reclamar en los tribunales estadounidenses por expropiaciones de propiedades en Cuba, así como la eliminación de una lista de entidades que tienen prohibidas transacciones financieras.
