Foto: RL Hevia
Texto: Fede Gayardo
El gobierno cubano ha expuesto un esquema de corrupción en la Empresa de Gas Licuado de La Habana, involucrando a altos dignatarios de la Unión Cuba Petróleo (CUPET).
Según la información publicada en el perfil de Facebook vinculado al Estado, CiberGuerrero AntidelitosCubanos, nuevas pesquisas revelaron que las actividades ilegales eran dirigidas por Niuvis Suárez Mola e Iván Agustín Lora Alfredo, director y trabajadora respectivamente de la mencionada empresa.
El operativo también mostró que se llevaba a cabo la sustracción sistemática de recursos, contando con la colaboración de ejecutivos de CUPET que, supuestamente, aceptaron sobornos de Suárez para facilitar la concesión de contratos irregulares y encubrir sus acciones.
En este marco, se arrestó a un chofer de camiones encargados de la distribución de balitas de gas, acusado de malversación y asociación delictiva; su identidad permanece en reserva, amplía el informe.
La investigación reveló que Suárez, junto a una colaboradora llamada Amanda, desviaba balitas de gas destinadas a la venta ilegal, siendo transportadas por el chofer arrestado, quien mantenía una relación personal con ella.
Además, se presume que ambas habrían acumulado “grandes cantidades” de leche condensada, originalmente asignada a los balances laborales, distribuyendo menos del 30% entre los empleados y ocultando el resto en oficinas y domicilios de personas cercanas.
“Ella usaba estos productos como medio de soborno o para obtener ganancias personales”, insistió el perfil en redes, basándose en declaraciones de una fuente anónima. Amanda fue identificada como una de las “mentes maestras” del plan, coordinando el robo de balitas de gas y la manipulación de inventarios en beneficio de intereses comerciales privados.
Dentro de la empresa, el robo de este producto continuó durante los períodos de mayor escasez, situación que, según se afirma, ocurrió bajo la supervisión de Iván Agustín Lora Alfredo.
“El director general de la empresa no solo ignoró las irregularidades, sino que se benefició directamente de ellas. Recibía parte de los recursos desviados y utilizaba talleres estatales para reparar vehículos particulares, lucrando con bienes públicos”, amplió la fuente.
Un denunciante, identificado como “agente especial infiltrado”, indicó que Suárez intentaba eludir sus responsabilidades, y que la red corrupta iba más allá de la empresa de gas, afectando a estructuras estatales esenciales.
Ante la gravedad de estos hechos, la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo anunció que iniciará una exhaustiva revisión de la compañía para auditar sus gastos, inventarios y presupuestos, con el fin de “determinar la magnitud total de los desvíos y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias”.
Estos acontecimientos se producen en un contexto de serias dificultades en la distribución de gas licuado en Cuba, una situación que impacta a millones de hogares que dependen de este combustible para la cocina.
Frente a este escenario, las autoridades cubanas han solicitado a trabajadores y ciudadanos que denuncien cualquier irregularidad a través de los canales oficiales: “La corrupción no es un delito contra el Estado, sino contra cada familia que sufre las consecuencias de la escasez”, concluyó el “agente especial infiltrado” en la investigación.
