Foto: RRSS
Texto: Fede Gayardo
La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) desmanteló un campamento de minería ilegal en el kilómetro 7 de la carretera de Maleza, en las proximidades de Santa Clara.
De acuerdo con la información divulgada en Facebook por el comunicador Henry Omar Pérez, la operación policial resultó en la detención de dos individuos y la incautación de “herramientas y equipos empleados en la actividad minera ilegal, como un molino y otros implementos”.
Las imágenes compartidas por Pérez muestran tres tipos de camas rudimentarias hechas de madera y sacos de yute. Se presume que más de dos personas estaban involucradas en esta actividad ilícita, aunque se destaca que las autoridades aún desconocen la “magnitud de la operación”.
Además, el internauta subraya que “se aplicarán las sanciones correspondientes a los detenidos conforme a lo establecido por la ley” y recuerda que “el peligro potencial para la vida humana, debido a la falta de estándares de seguridad en estas operaciones ilegales, ha sido señalado como un factor clave para justificar esta intervención”.
En el lugar se pudieron observar objetos como una palangana, un cajón de plástico, chancletas, prendas de vestir, retazos de telas y más de veinte sacos llenos de piedras.
Pérez también enfatiza la importancia de combatir la minería ilegal en la provincia, ya que su práctica “sin observar las normas de seguridad adecuadas representa un grave riesgo para la vida humana y el medio ambiente”.
Desde hace varios años, la minería ilegal de oro y otros metales ha sido un problema preocupante para las autoridades cubanas, quienes han instado a implementar medidas para reducir estos incidentes.
Especialistas del sector han indicado que la minería clandestina para la extracción de oro ha mostrado una tendencia ascendente desde 2013, especialmente en áreas donde se encuentran residuos de explotaciones de yacimientos de oro antiguos en las regiones central y oriental de la isla.
Uno de los últimos informes proporcionados por la prensa estatal el año pasado señaló la detención y procesamiento judicial de más de 30 “cazadores de oro”, que fueron implicados en actividades ilegales relacionadas con la extracción de este metal precioso en Camagüey.
Medios estatales recordaron en esa ocasión que estos delitos están contemplados en el artículo 317, apartado dos del Código Penal, que establece sanciones de privación de libertad de seis meses a dos años, o multas de 200 a 500 cuotas o ambas.
