Foto: Cuba Noticias 360
Texto: Jorge Suñol
Hace exactamente 6 días, el doctor cubano residente en Estados Unidos y gerente del Observatorio Cubano de Salud, Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, denunció en su perfil de Facebook un juicio contra 6 cirujanos del hospital Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo. Estos profesionales están acusados de mala praxis en el manejo de un paciente que ingresó a este centro médico tras un accidente en su moto y que, tras varios análisis e intervenciones quirúrgicas, falleció.
Los médicos sentenciados argumentan con pruebas irrefutables que el hospital carecía de los insumos necesarios para tratar al paciente adecuadamente y que «tuvieron que hacer magia» en un intento por salvarlo. Lamentablemente, no tuvieron éxito.
Este incidente se remonta a casi dos años atrás, y ya los médicos involucrados habían recibido una sanción administrativa, que incluyó, al menos, una suspensión de 6 meses sin ejercer en dicho hospital. Algunos fueron reasignados a la emergencia de policlínicos.
Sin ofrecer muchas explicaciones, 3 meses después del suceso, se reunieron con todos ellos, se les obligó a firmar, y se les informó, tanto desde la Fiscalía como desde la dirección de Salud Pública, que “todo quedaría así”, según relatan los propios involucrados.
No obstante, por razones desconocidas, el caso ha cobrado nuevamente relevancia pública. El respaldo de la comunidad médica cubana, tanto dentro como fuera de la Isla, ha sido extraordinario. La sentencia preliminar consistió en dos años de privación de libertad para cinco de ellos y tres años para uno. Se espera que en aproximadamente 15 días se conozca la sentencia final.
Mientras tanto, el gobierno dice…
Surge un debate sobre la crítica situación del sistema de salud en Cuba y la responsabilidad que recae sobre los médicos cubanos en casos de negligencia. Decenas de galenos han denunciado estos hechos, incluso pacientes agradecidos que fueron atendidos por los mismos doctores sancionados; sin embargo, se trata de un dilema extremadamente complejo.
Se ha anunciado una visita del ministro de Salud a ese hospital. Y en el contexto de esta visita gubernamental, se busca “debajo de la tierra” lo que no existe. Justo esta madrugada, a una hora poco habitual para publicar notas oficiales, la Dirección Provincial de Salud en Granma emitió su primera declaración:
“Durante los días 21 y 22 de noviembre del presente año se llevó a cabo un juicio oral y público en el Tribunal Provincial Popular de Granma, en el que participaron seis profesionales del Hospital General Carlos Manuel de Céspedes, por presunta responsabilidad penal vinculada a la atención médica de un paciente de 23 años que resultó politraumatizado en un accidente de tránsito en 2021.
El proceso responde a una denuncia familiar y se realizó después de las investigaciones pertinentes, razón por la cual ahora llega a la instancia judicial.
‼️Los profesionales están en libertad y no han sido inhabilitados para ejercer su profesión‼️ El proceso penal está pendiente del fallo que dicte el Tribunal Provincial como resultado de la valoración de la prueba presentada en el juicio; una vez notificada, esta podrá ser apelada por las partes ante el Tribunal Supremo Popular.
El proceso se ha llevado a cabo con la observancia de las garantías establecidas en las leyes y otras disposiciones normativas.
Estos acontecimientos han generado preocupación en parte del personal de la salud y en nuestra comunidad, los cuales han sido distorsionados por individuos que carecen de información objetiva sobre el caso.”
Un mensaje circulado en redes sociales desde voces gubernamentales dice: “Nuestros compañeros no están en prisión, aún no tienen sentencia. Lo que pide la fiscalía no es lo mismo que lo que el juez dictamine. Aquellos que han estado presentes en el juicio han podido conocer todo el proceso, que para nada está amañado.
Tienen buenos abogados contratados por ellos mismos y el hospital designó a 3 peritos para esclarecer los hechos: la Dra. Daimí Ricardo, cirujana; el Dr. Pelegrino, radiólogo; y una Dra. de Medicina Legal, quienes ayudaron a aclarar los detalles que los peritos de Manzanillo determinaron, pero que en el juicio se retractaron. Esto significa que las pruebas han sido cuestionadas. Dentro de 15 días hábiles se dictará la sentencia. Ellos están siendo defendidos por todas las partes legalmente establecidas. Esperamos que el fallo final sea justo.”
La noticia desde medios no estatales
El caso de los doctores Rafael José Sánchez Vazquez, Yoandra Quesada Labrada, Ristian Solano, Elizabeth Silvera, William Pérez Ramírez y Henrry Rosales Pompa ha recibido una cobertura significativa en los titulares y notas de prensa de medios independientes.
El periodista Ernesto Morales logró acceder a dos testimonios que aclaran los hechos. Yoandra Quesada, una de las cirujanas sancionadas, explicó en detalle cómo manejó el caso del paciente y la falta de insumos durante la intervención quirúrgica.
El 17 de diciembre de 2021 fue un día normal. Yoandra estaba en tercer año de especialidad, junto a William (Pérez Ramírez, uno de los sancionados). Alrededor del mediodía, recibió una notificación de emergencia. El paciente había llegado horas antes al hospital, pero ella no conocía su caso, aunque el Dr. William, que había atendido al paciente alrededor de las nueve de la mañana, sí lo conocía.
Según este testimonio, el paciente ingresó al hospital caminando y estaba acompañado, además se mostraba comunicativo y orientado. Cuando la Dra. Yoandra se encontró con él, ya estaban realizándole un examen. El Dr. Ristian Solano, jefe de la estancia esa mañana, le preguntó qué le había sucedido y el paciente respondió que había sufrido un accidente en su moto. “Claramente, no quería que se conociera otra versión, porque la policía iba a intervenir en el accidente. Podrían haber implicaciones adicionales para él, como la suspensión de su licencia…”, explica esta fuente.
Cuando la doctora entró al quirófano y vio al paciente de 23 años, recordó a su hijo, que tenía la misma edad. “Al mirarlo, sentí una conexión emocional. ¿Qué te ocurrió?, le pregunté, y respondió: Tuve un accidente”. El paciente, perfectamente orientado y con signos vitales estables, comenzó a contarle con miedo lo sucedido. Iba a más de 100 kilómetros por hora en su moto. Yoandra, esperanzada, le dijo que no se preocupara, “que juntos superaríamos esto”.
Sin embargo, la cirujana y los otros especialistas en el quirófano se enfrentaron a la dura realidad del Sistema de Salud Pública Cubana: la escasez de insumos. “No había aspirador, funcionaba mal. No teníamos sonda vesical para él. El paciente se quejaba de no poder orinar. No había Levin, esencial para la operación en la cavidad, porque íbamos directamente a buscar en el vaso. Pensábamos que había una ruptura en un segundo tiempo; él no llegó con una ruptura esplénica inicialmente, eso lo sabemos todos. Por eso mantuvo la hemodinamia todo el tiempo”.
“Finalmente conseguimos un Levin. La totalidad de la sutura la realicé yo, porque en el hospital no había insumos, ni el resto del personal administrativo pudo ayudar. En el hospital no hay compasión, no hay humanidad, porque simplemente no le importa a nadie. No tengo palabras para describirlo”.
Tras la reintervención, realizada antes de 24 horas de la primera operación, se detectó un desgarro gástrico. “No se aspiró adecuadamente el abdomen porque el aspirador era deficiente; no se lavó correctamente la cavidad abdominal y todo se hizo con compresas, el secado no fue el mismo, y todos lo sabemos”.
“Los fiscales no saben nada, ni buscan a un médico experto que pueda ayudar o dar su opinión. El 98 % de las pancreatitis postraumáticas son mortales. No podemos estar esperando; independientemente de todas las lesiones, politraumas incompatibles con la vida, se presentan complicaciones porque no se trata de cualquier médico, hablamos de un cirujano que está altamente capacitado. Lo hacemos todo, somos un compendio”.
La doctora aclara que no solo hay dos años de privación; una vez cumplida la sentencia, deberán esperar otros dos años de inhabilitación de su título como médicos. Termina diciendo que: “El servicio de cirugía ya no cuenta con cirujanos, todo el mundo quiere irse; no hay médicos en medicina interna, no hay otorrinos, no hay nadie. Nadie ve esto, y ¿cómo pueden acusarnos de impericia, de mala acción, de negligencia? ¿Qué saben ellos de eso? ¿Cómo se atreven a hacernos esto?”
“Se nos trató como a delincuentes”
La Dra. Yusimí Mojena ya no reside en Cuba, ni figura entre los sentenciados, aunque fue la primera en atender al paciente al llegar al hospital. Confirma, en varias publicaciones en Facebook, así como en entrevistas con el periodista Ernesto Morales, sobre la situación del hospital en aquel momento.
“No había ningún camillero disponible para trasladar al paciente a hacerse los exámenes, algo que es habitual en ese hospital y que todos sus directores conocen”.
Además, no había Rayos X. “El ultrasonido tenía fallas y las imágenes eran de baja calidad, casi inexistentes. El tomógrafo estaba inoperativo y faltaban reactivos para exámenes de sangre”.
Mojena explica que, tras reexaminar al paciente y considerar que sus signos vitales eran estables, se determinó que su examen físico era negativo. Por esa razón, fue enviado inicialmente a la Sala Polivalente, “informando a su familiar que no contábamos con los insumos ni los recursos necesarios”.
“Redacté un documento firmado por el Dr. Ristian con los datos del paciente, su situación, y la lista de lo que faltaba, a quien habíamos notificado sobre la situación. Un documento que, convenientemente, desapareció de la historia clínica”.
La doctora continúa: “Solo un ignorante pensaría que un médico trabaja con la intención de causar daño. Solo alguien sin conocimientos médicos cree que en una cirugía no puede ocurrir algo mal, cuando el paciente llega al hospital por una serie de probabilidades estadísticas de estar al borde de la muerte”.
“El proceso que se hizo en nuestra contra estuvo plagado de irregularidades, se nos trató como a criminales. Se nos impuso una sanción administrativa sin ninguna base, nos reunieron tres meses después del incidente para informarnos de las sanciones, sin mayores explicaciones, solo con el vicedirector quirúrgico, el Dr. Fuentes, que no sabía cómo comenzar, pues la vergüenza no lo dejaba al enfrentar nuestras reacciones. A pesar de que solicitamos la presencia del director del hospital, Adonis Frómeta Guerra, este nunca apareció”.
Una causa, cientos de gritos
Tras el conocimiento de este caso y la sentencia preliminar, cientos de médicos han manifestado su apoyo a los 6 doctores, exigiendo justicia. El Dr. Aldo Luis Zamora Varona, del servicio de Urología del mismo hospital Carlos Manuel de Céspedes, ha sido uno de los que más ha defendido la causa.
“Desde mis inicios en esta institución, nunca he visto tantas carencias de insumos para llevar a cabo operaciones; hoy el Ministerio de Justicia de nuestra provincia ha cometido una grave injusticia contra esos médicos, quienes en ningún momento han recibido respaldo alguno, ni el más mínimo de las autoridades de salud del ministerio provincial, más bien han contribuido a la injusta sanción contra estos profesionales; un día no muy lejano, ellos, esos que se dicen ser nuestros dirigentes (lo pagarán), porque no han tenido la capacidad de bajarse del pedestal y reconocer que los verdaderos culpables son (el gobierno cubano, el gobierno provincial, la Dirección Provincial de Salud, entre otros), que han permitido que nosotros, los profesionales de la salud, trabajemos en las peores condiciones que jamás se han vivido, ni en el país más pobre del mundo”.
Otra de las declaraciones más comentadas fue la del Dr. Esequiel Hernández Almeida, médico internista con más de 34 años de experiencia en el Hospital Celia Sánchez Manduley, de Manzanillo:
“Me opongo a este juicio y a esta condena; los médicos no somos criminales, los errores médicos no son delitos. Conozco todos los detalles de la actuación de esos profesionales y yo (al igual que muchos de mis colegas) hubiera tomado decisiones similares. Es imposible que 6 médicos y todo un servicio, como sé que se evaluó el caso, se equivoquen. Tengo grandes amigos y colegas allí, a quienes admiro y a los que remito casos, y estoy consciente de su enorme ética y nivel profesional.
Los médicos trabajamos con conocimientos imperfectos, con equipos que nunca dan conclusiones definitivas, y enfrentamos carencias de todo tipo (en este caso, muchas y cruciales); estos colegas NO SE EQUIVOCARON, no cometieron ningún delito, no merecen ser juzgados ni mucho menos condenados. Si alguien desea discutir conmigo los detalles de su actuación, estoy listo para hacerlo, con quien sea… y no soy cirujano”, expresó.
En el marco de la ley
El Ministerio de Salud Pública de Cuba actualizó su marco jurídico en 2019. Fue entonces cuando establecieron la Resolución 458, que regula la metodología para evaluar la responsabilidad penal médica relacionada con los procesos penales. Esta normativa exige: “la obligación que tienen los profesionales de la salud de responder ante los órganos judiciales por los daños ocasionados durante el ejercicio de su profesión”.
No obstante, para el académico y abogado cubano Dr. Yan Vera Toste, la negligencia médica es un asunto complicado para los operadores jurídicos.
“Su estrecha relación con la dogmática penal, especialmente con los delitos imprudentes y el establecimiento del nexo causal ante la violación del deber objetivo de cuidado y el resultado que se produce, hace que su valoración y determinación sean aspectos complejos. A esto se suma el aspecto ético, que presenta dos aristas: por un lado, la víctima, y por otro, el personal de salud que ha dedicado su vida a salvar vidas”, describe en el artículo La negligencia médica y la responsabilidad jurídico-penal.
Por su parte, Eloy Viera Cañive, coordinador de El Toque Jurídico y también abogado, señala que este caso presenta dos disyuntivas fundamentales. La primera, seguir prestando servicios sin recursos y cumplir con el juramento que cada médico hace al finalizar la carrera, o la segunda, negarse a ofrecer servicios sin condiciones adecuadas.
Obviamente, la primera opción tiene consecuencias. “Prestar servicios sin los recursos que el Estado debe proporcionar puede acarrear sanciones penales”, explica. “El personal de salud cubano no solo se expone a este tipo de sanciones, también al riesgo de que se revoque su licencia y la posibilidad de no poder ejercer la medicina en ningún lugar del mundo, comenzando por Cuba”.
Durante una de nuestras mayores crisis sanitarias, cuando los hospitales en Cuba estaban colapsados por los cientos de casos de COVID-19, el propio primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, responsabilizaba exclusivamente a los profesionales del sector por no desempeñar su trabajo correctamente: “Cuando sumas la falta de medicamentos, el número de quejas y denuncias por maltrato y negligencia es realmente increíble”, afirmó.
El caso de los médicos sentenciados en Bayamo resalta, aún más, la crisis que enfrenta la Salud Pública en Cuba, así como el triste panorama que confrontan los profesionales del sector en hospitales y otros centros de atención médica.
