Foto: Roy Leyra | CN360
El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez Rodríguez, lo afirmó en una reciente aparición en televisión nacional: “Los servicios de agua a la producción y a la población son prioridades del país, incluso en medio de la actual contingencia energética”. Sin embargo, su afirmación categórica no aumenta la credibilidad ante el pueblo cubano.
A pesar de que los funcionarios del INRH discuten sobre el programa de inversiones para modificar la matriz energética o la repetida intención de reemplazar las bombas dañadas, que son tantas que casi se amontonan, y a pesar de sus declaraciones frente a las cámaras sobre que la crisis del suministro de agua es una cuestión puntual que debe resolverse, miles —sin temor a equivocarnos, quizás millones— de cubanos no cuentan con agua potable a diario y en las condiciones adecuadas.
Esta situacióndrors> se ha ido agravando en los últimos años, durante los cuales no se ha podido reponer el número de electrobombas necesarias, ni importar los insumos indispensables para mantener los talleres de equipos de bombeo y los paneles eléctricos.
Isto se puede expresar de manera clara en los informes; no obstante, la realidad es que son los ciudadanos quienes deben pagar por pipas de agua a precios dictados por los “piperos”, llenar tanques como puedan o, simplemente, comprar galones de agua, ya que la que llega a través del acueducto no cumple con los estándares mínimos para ser considerada potable.
Los datos oficiales presentados por Antonio Rodríguez en la última sesión del parlamento son contundentes: más de 156,000 personas no tienen acceso adecuado al agua potable en Cuba debido a la mala condición de la infraestructura hidráulica y otros problemas asociados, fundamentalmente, a la grave crisis energética que atraviesa el país.
Aproximadamente 475,000 habitantes reciben agua a través de carros cisternas, cuyo ciclo de abastecimiento ha crecido por la sequía, las fallas en los equipos de bombeo y los constantes apagones; alrededor de 2 millones de personas acceden al agua cada tres días o más, y existen 478 asentamientos con más de 2,000 habitantes que carecen, ya sea total o parcialmente, de redes de acueducto.
Según la Estrategia Ambiental Nacional, hay 800,000 cubanos que deben cargar agua desde distancias de 200 a 300 metros, y aproximadamente 3 millones de personas recurren a fuentes alternativas y consumen agua sin tratar.
A pesar de las cifras alarmantes y preocupantes de afectados, se pueden presentar justificaciones diversas: que la isla otorga especial prioridad a los programas de abastecimiento de agua potable, saneamiento, almacenamiento y trasvase hasta 2030; o que es necesario extremar las medidas de ahorro, especialmente entre los clientes que no tienen servicios medidos y que gastan cientos de litros diarios porque su factura es solo de siete centavos… Se puede argumentar lo que sea, pero no estarán satisfechos hasta que puedan recibir en sus hogares un servicio que en el resto del mundo es considerado un derecho humano.
Conforme a los propios especialistas del INRH, el 77 por ciento de todas las quejas reportadas sobre el suministro y calidad del agua son justificadas; por ello, insisten en que los funcionarios deben dar “respuestas adecuadas con buenas estrategias de comunicación”, ya que de nada sirven las disculpas y los mea culpas: una simple explicación no hará que el agua fluya por la ducha del baño.
