Foto: Cuba Noticias 360
El gobierno cubano ha señalado la inversión extranjera como un elemento clave para el desarrollo económico del país. No obstante, su evolución ha estado condicionada por una serie de restricciones internas, obstáculos burocráticos y un entorno externo desfavorable, lo que ha limitado su capacidad para convertirse en un motor real de crecimiento para la economía cubana, ya de por sí debilitada.
Cuba es clasificada como un país de alto riesgo, lo que disuade a muchos inversores de realizar apuestas en un entorno donde el retorno económico es incierto, dejando de ser una relación beneficiosa para ambas partes.
Las autoridades del país han reconocido que los procesos relacionados con la inversión extranjera no alcanzan la velocidad necesaria para cumplir con las metas de crecimiento que requiere la Isla.
A pesar de la implementación de la Ley 118 de Inversión Extranjera en 2014, que establece ciertos incentivos fiscales y permite inversiones en sectores estratégicos, el control estatal sobre la economía sigue siendo un freno significativo.
El modelo económico cubano favorece la creación de empresas mixtas, donde el gobierno retiene el control mayoritario, limitando la autonomía de los inversores y generando incertidumbre en la toma de decisiones.
Uno de los aspectos más criticados por los empresarios extranjeros es la lentitud en los trámites de aprobación de inversiones. Las negociaciones pueden retrasarse considerablemente debido a la falta de agilidad y la carencia de mecanismos claros para evaluar y aprobar proyectos.
¿OPORTUNIDADES DE NEGOCIO O PÉRDIDA EMPRESARIAL?
En 2023, se aprobaron 42 negocios de inversión extranjera en Cuba, la cifra más alta desde el inicio de este proceso, con una cartera de oportunidades enfocada en los «sectores priorizados para la economía nacional», como la producción de alimentos, las fuentes renovables de energía y la biotecnología.
Durante un análisis de la inversión extranjera en la Asamblea Nacional en diciembre de 2024, el titular del Mincex mencionó que «ningún inversionista extranjero vendrá a Cuba para perder dinero, ni para ganar menos de lo que podría obtener en otro país del mundo».
Al comienzo del proceso de inversión en 2014, se estimaba que el país necesitaba «aproximadamente 2,500 millones de dólares anuales en inversiones para fomentar un desarrollo que condujera a la prosperidad y sustentabilidad de su proyecto socioeconómico socialista».
Sin embargo, en 2022 se afirmaba que la Isla contaba con las condiciones para atraer más capital extranjero a pesar de las dificultades, llegando incluso a insinuar que casi 5,000 millones de dólares podrían concretarse para esa fecha.
Dos años después, mientras las cifras siguen sin corroborarse, se menciona que en Cuba existen 358 negocios aprobados, de los cuales 52 se encuentran en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
La ideología persiste en hacer que los inversores extranjeros perciban a Cuba como un destino atractivo para la inversión, y para ello, «es necesario trabajar en infraestructuras de servicios que hagan competitivas sus producciones y les permitan expandirse a otros países», afirmaba el ministro.
En términos generales, aunque algunos avances se han logrado, las barreras burocráticas, la falta de autonomía empresarial y la crisis económica interna han impedido que el país aproveche su verdadero potencial para atraer inversores. Sin reformas estructurales profundas y una mayor seguridad para los inversores, Cuba seguirá perdiendo oportunidades en un entorno global cada vez más competitivo.
