Foto: RL Hevia
Una denuncia en medios de comunicación estatales reveló la venta en Matanzas de componentes que fueron sustraídos ilegalmente de la inversión que el gobierno realiza en la construcción de un parque fotovoltaico en el municipio Jovellanos, con el fin de mitigar la crisis energética que enfrenta el país.
El informe indicó que, tras verificar la procedencia de los recursos y su comercialización en establecimientos de trabajadores por cuenta propia, se dio inicio a una investigación penal.
Esta acción se lleva a cabo con el propósito de esclarecer cómo fueron sustraídos los componentes, quiénes son los responsables del delito y de qué manera llegaron al mercado negro.
Los componentes robados están destinados al ensamblaje de las estructuras y paneles solares del parque fotovoltaico, por lo que la Unión Nacional Eléctrica se encargó de garantizar la reposición de los elementos sustraídos para evitar demoras en la puesta en servicio de la instalación.
De acuerdo con oficiales del Ministerio del Interior, los tornillos ofrecidos por los trabajadores por cuenta propia son piezas que no se comercializan por ninguna otra vía, lo que genera sospechas sobre un posible robo en la misma obra.
No obstante, advirtieron que aún persisten varios puntos por identificar que se dedican a la venta de estos tornillos, ya que la comercialización se realiza conforme a lo establecido y no en el mercado negro.
Estos incidentes, señalaron, se consideran un delito de sabotaje y contra la economía, dentro de las infracciones que atentan contra la seguridad interior del estado. Según el Código Penal cubano vigente, las penas para los responsables pueden oscilar entre siete y quince años.
A pesar de estas medidas punitivas, las sanciones no abordan las causas profundas de estos delitos, las cuales podrían estar relacionadas con las dificultades económicas y sociales que llevan a algunos individuos a cometer tales actos.
