Foto: Archivo CN360
Falta casi un mes para que entre en vigor la Ley 167 del Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones de las Personas, la cual, según la prensa estatal, proporcionará un marco más eficaz para gestionar las inquietudes y solicitudes de la población.
A partir del 13 de marzo, este instrumento será aplicado, y para las autoridades se considera un “hito significativo en la administración pública cubana”, según lo expresó María del Carmen Cedeño, Jefa de la Oficina de Atención a la Población de la Presidencia de la República.
Con el fin de implementar, evaluar y obtener resultados, se ha elaborado un cronograma que incluye procesos de capacitación y varios ajustes, con el objetivo de asegurar que se cumplan los objetivos estipulados en dicha Ley.
Uno de los aspectos clave de este proceso es, precisamente, un sistema de formación para los funcionarios y empleados de las entidades públicas. Según Cedeño, los programas de capacitación abarcan desde la recepción de quejas hasta su resolución, asegurando que cada caso reciba el tratamiento adecuado.
En este sentido, cada entidad debe enviar una evaluación detallada de su situación con respecto a la gestión de quejas y peticiones, incluyendo una propuesta de implementación conforme a la Ley 167.
Muchos cubanos se cuestionan la efectividad de esta ley en un contexto marcado por una profunda crisis económica y una desconfianza latente hacia las instituciones. ¿Qué mejoras podría traer este marco jurídico a la situación del país?
Algunos sostienen que se trata de otro canal burocrático, donde las quejas no recibirán soluciones inmediatas, una iniciativa más del gobierno para aparentar que escucha las demandas del pueblo, en medio de un escenario de escasez, salarios insuficientes para los trabajadores, apagones constantes y una inflación imparable, por mencionar solo algunos aspectos.
