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A pesar de que intenten ignorarlo, los cubanos han llegado a la convicción de que la igualdad en la isla es un recuerdo lejano. Las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) son un claro ejemplo, ya que en esta moneda no reciben sueldos los trabajadores, y el Estado comercia incluso con lo más indispensable para la vida.
No obstante, las tiendas en MLC no son el único reflejo de la profunda estratificación que sufre la sociedad cubana; su impacto es notable, pero la situación se agrava con una reciente iniciativa del gobierno que busca imponer el cobro de los servicios funerarios. Esta medida, anunciada de manera cautelosa en varias localidades, revela una realidad dolorosa: pronto habrá en Cuba muertos de primera y de quinta categoría.
Las justificaciones dadas para liberar al Estado de ciertos gastos y aumentar la eficiencia de los servicios han llevado a que en varias provincias se inicie el reembolso monetario por ciertas actividades relacionadas con las defunciones. Esto lo informaron a la prensa local funcionarios de la nueva Unidad Provincial de Servicios Necrológicos de Sancti Spíritus. En otras palabras, el Estado ha decidido deshacerse de este «peso muerto».
Según el director de esta entidad, hasta ahora el Estado ha cubierto los gastos de los servicios necrológicos, salvo algunos como la cremación de cadáveres y el traslado de fallecidos a otras provincias, este último solo en un 50%. «Sin embargo, ya se está trabajando en la implementación del cobro de ciertos servicios, como los traslados de fallecidos entre municipios de una misma provincia y el velorio en el hogar», explica.
De aquí en adelante, la familia no tendrá que abonar por servicios como el transporte del difunto desde el hogar o el hospital hasta la funeraria, así como el uso del carro fúnebre, una actividad criticada por su falta de precisión y rapidez; el combustible para esos traslados, el arreglo del cadáver y el tiempo de estancia en la funeraria o capilla seguirán siendo gratuitos.
Además, el Estado proporcionará un ataúd con condiciones mínimas; y cuando el funcionario menciona «mínimas», se refiere a una calidad lamentable, ya que ha habido numerosas críticas en la prensa estatal y en redes sociales sobre la deficiente elaboración de los féretros.
Precisamente, el ataúd será la evidencia más clara de la desigualdad entre quienes pueden costear uno mejor y quienes no, ya que la Unidad de Servicios Necrológicos ofrecerá a los clientes la opción de adquirir féretros «de mejor diseño», aunque esto no implica que el Estado dejará de proporcionar el que hasta ahora ha mantenido sin costo. Sin embargo, la desconfianza de la gente es comprensible; se preguntan cómo es justo que para obtener un ataúd medianamente digno deban pagar por él.
Los fallecidos cuyas familias puedan permitírselo también contarán con mejores guardarrestos y ánforas, flores más frescas y coronas con diseños especiales. Todo esto, alegan los promotores de la medida, tiene como objetivo que los servicios funerarios logren autofinanciarse gradualmente y, con esos ingresos, mejorar los servicios gratuitos restantes, renovar las funerarias y capillas, y reparar los carros, que actualmente se encuentran en condiciones deplorables; de hecho, ha habido casos en los que los traslados al cementerio se han realizado en camionetas privadas o en carretones tirados por caballos.
Desde el punto de vista contable y financiero, la medida puede llegar a tener sentido: se trata de generar ingresos a través de actividades no esenciales. Sin embargo, no todo debería medirse con criterios mercantiles. De lo contrario, podríamos enfrentar el riesgo de ver en Cuba entierros clasistas, una división entre los entierros de ricos y de pobres, y lo que es aún más grave, que algunos no cuenten con un lugar digno para ser enterrados.
