Aparte de la falta de combustible que actualmente enfrenta el transporte en Cuba, hay otras complicaciones en el sistema de transporte público de la isla caribeña, lo que la convierte en un lugar realmente penoso para moverse.
Cada guagua adquirida en los últimos años para reemplazar los camellos «M» por los articulados «P» en La Habana tiene un costo de 200,000 dólares, una suma que las autoridades cubanas han reconocido que no pueden destinar para reparar por completo el parque automotriz de la capital.
En este contexto, hace unas semanas surgieron imágenes de los viejos «M» «rumiando/rondando» por La Habana, como si se tratara de una broma o un viaje al pasado; sin embargo, esto solo pone de manifiesto la crítica situación del transporte público en la ciudad cubana.
La escasez de transporte es generalizada en toda Cuba, pero es probablemente más evidente en la capital, donde residen casi 2 millones de personas. En diciembre, el director general de Transporte de La Habana, Leandro Méndez, declaró a medios estatales que de los 878 autobuses disponibles en ese momento, solamente 435 estaban operativos, lo que representa el 49%. Esa cifra no ha sido actualizada desde entonces, según un informe de la agencia AP.
Según afirmó el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez, el pasado febrero, se necesitan 40 millones de dólares anualmente solo para el mantenimiento de los autobuses, sin contar la reinversión en nuevas unidades. También es relevante mencionar que, incluso en situaciones menos críticas con el combustible, se consumen diariamente más de 80,000 litros de diésel en el transporte público, señaló el funcionario.
En Cuba se ha seguido históricamente una política de nueva inversión, pero no de mantenimiento de los objetos adquiridos, lo que lleva a su completo deterioro. Este mismo proceso ocurre con los ómnibus del transporte público.
Las cooperativas entre el estado y los conductores para el arrendamiento de taxis o de gazelas parecían ser una alternativa viable para aliviar la carga del transporte público más masivo, pero esta opción también está estancada, ya que el estado, como garante de piezas de repuesto o precios más negociables para los arrendadores de los vehículos, frecuentemente falla en mantener una oferta estable.
