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El viernes pasado, el Tribunal de Apelación de Londres desestimó el recurso presentado por el Banco Nacional de Cuba (BNC) contra el fondo inversor CRF I Limited, calificado por el gobierno cubano como un «fondo buitre».
La entidad bancaria reiteró su postura crítica respecto al proceso judicial, considerándolo injusto y perjudicial para “los intereses del pueblo cubano”.
Este recurso fue interpuesto contra la decisión de la jueza Sarah Cockerill, notificada el 4 de abril de 2023, que estableció que el Banco Nacional de Cuba permanecería en el proceso.
En un comunicado emitido por el BNC se destacó: «En febrero de 2020, el fondo buitre CRF I Limited, con sede legal en las Islas Caimán, presentó una demanda contra nuestra entidad bancaria ante la Alta Corte de Inglaterra y Gales», añadiendo que «desde el inicio del proceso hemos sostenido que dicho fondo no tiene relación con los instrumentos financieros de nuestra institución y, por lo tanto, no ha sido ni es acreedor del Banco Nacional de Cuba».
En este contexto, el Tribunal de Apelación de Londres desestimó el recurso de la parte cubana, lo que reafirma que CRF es el acreedor legítimo de una deuda soberana de 72 millones de euros, lo cual podría llevar el caso a exigir el pago correspondiente.
Este litigio tiene su origen en los préstamos otorgados por bancos europeos al BNC durante la década de 1980.
El conflicto escaló en febrero de 2023, cuando la jueza Sarah Cockerill determinó que CRF había sido reconocido como acreedor legítimo en 2019.
Esto se logró gracias a la aprobación de la cesión de derechos contractuales por parte de Raúl Olivera Lozano, quien en ese entonces era director de operaciones del BNC, actualmente encarcelado en Cuba bajo acusaciones relacionadas con este caso.
En este sentido, el BNC declaró que Olivera Lozano no cumplió con los procedimientos internos requeridos y que CRF tampoco notificó adecuadamente sobre la transferencia de la deuda.
