Foto: RL Hevia
Texto: Fede Gayardo
Este sábado, en La Habana, se llevó a cabo una «cacería de brujas» que, en este caso, se dirigió a los precios de los establecimientos privados. Los temidos inspectores recorrieron dos municipios de la capital con el objetivo de evitar el aumento de precios en medio de una crisis sin precedentes en la Isla.
Las acciones de control, según informaron medios estatales, se focalizaron en Guanabacoa y Plaza de la Revolución, lo que resultó en el cierre de un proyecto de Desarrollo Local por vender alimentos en mal estado tras los cortes de energía ocasionados por el Huracán Rafael, así como por otras violaciones, como vender el arroz a 500 pesos el kilo.
En un periodo de casi cuatro meses, estas inspecciones han generado multas a nivel nacional por un total de 600 millones de pesos, aunque solo han recaudado la mitad de esa cantidad. Este hecho ha puesto de manifiesto contradicciones entre los Ministerios de Finanzas y Precios y el de Economía y Planificación.
Un informe televisivo indicó que el control se centró en los precios del pollo, aceite, pastas, leche en polvo, detergente y salchichas en Mipymes, según lo establecido en la Resolución 225, que impuso un límite en los precios de estos productos importados.
Dicha norma marcó un punto de inflexión en la labor del cuerpo inspector, propiciando un incremento de los controles y visitas sorpresa, que en ocasiones llevan a agresiones hacia ellos por parte de la población o a prácticas corruptas por parte de algunos funcionarios estatales.
Previo a la puesta en marcha de la norma, el gobierno afirmaba contar con 7,000 inspectores capacitados para supervisar los precios, quienes tienen la autoridad para imponer multas de hasta 36,000 pesos cubanos o cerrar temporal o definitivamente los establecimientos.
La visita «sorpresa» de los inspectores en La Habana el fin de semana pasado también incluyó agromercados como el conocido 19 y B y el de 17 y K, ambos ubicados en el Vedado, y gestionados, uno de manera privada y el otro estatal.
A pesar de que el mercado privado responde a la oferta y la demanda, también es objeto de controles mensuales, lo que ha resultado en múltiples multas por violaciones de precios y manipulación en la pesa, llevando a sanciones severas para 12 personas.
Los medios estatales han dejado entrever que estas acciones de control continuarán hasta que se logre una estabilidad en los precios; sin embargo, esto no será viable sin una producción interna estable que permita aumentar las ofertas y, por ende, reducir los precios de los productos.
La situación actual dista mucho de ser optimista. La escasez de producción, los altos costos de los fletes, el cambio de moneda en el mercado informal y la prevalencia de las ganancias sobre los precios establecidos continuarán siendo un obstáculo.
El Gobierno no podrá mantener el control sobre todos los productos, a pesar de sus intentos por obtener ganancias; la opción más sencilla siempre será dejar de vender esos artículos, afectando directamente a la población.
