Foto: RL Hevia
Texto: Fede Gayardo
La dirección de la Aduana General de la República en la provincia de Villa Clara ha comunicado a los viajeros que llegan a Cuba que se podrán confiscar productos que sean considerados “una encomienda” para otras personas.
Dicha medida fue anunciada por Amado Elvis Albuernes Sosa, especialista en atención a la ciudadanía de esta entidad estatal, quien indicó que cualquier viajero que declare que transporta mercancías o paquetes como encomiendas para terceros se enfrentará a decomisos y sanciones.
La información fue divulgada por la emisora estatal CMHW y tiene como objetivo combatir el tráfico ilegal de bienes y minimizar los riesgos para la seguridad nacional de la isla.
Albuernes también advirtió sobre los peligros que corren los pasajeros que a menudo aceptan llevar paquetes sin tener conocimiento sobre su contenido o la identidad del remitente o destinatario.
Según sus declaraciones, se ha comprobado en muchos de estos casos que dichas encomiendas pueden ocultar objetos peligrosos o restringidos de acuerdo con las leyes de Cuba.
Además, reiteró que la falta de conocimiento no exime de responsabilidad, de modo que ingresar a la isla con tales artículos puede resultar en sanciones.
Entre los objetos prohibidos o regulados detectados en los últimos meses en el aeropuerto de Villa Clara, el especialista mencionó las municiones para armas de fuego, entre otros.
Por último, destacó que las normativas relacionadas con las armas de fuego son aplicables tanto a personas naturales como jurídicas, quienes deben obtener una autorización expresa del Ministerio del Interior para su transporte.
La Aduana General de la República de Cuba también proporcionó a los turistas información sobre las restricciones de importación. De acuerdo con el Artículo 2 de la Convención sobre Facilidades Aduaneras para el Turismo, únicamente se permiten artículos personales, que incluyen joyas, cámaras fotográficas, dispositivos como teléfonos móviles y computadoras, así como otros equipos de uso personal.
Esta regulación está sustentada por el Decreto Ley del 22 de noviembre de 2020, cuyo propósito es controlar la seguridad fronteriza y prevenir la entrada de bienes comerciales sin autorización.
