Foto: RL Hevia
El esfuerzo del gobierno cubano por establecer límites en los precios de “productos esenciales” y la posterior caza de infractores (o de sanciones) llevada a cabo por varios ministerios en Cuba ha ocasionado un aumento en la cantidad de imposiciones y cierres de negocios.
Esto se debe a la Resolución 225/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios, que obliga a todos los actores económicos, ya sean privados o estatales, a su cumplimiento.
Además, se ha regulado el precio máximo al por menor de productos de alta demanda, tales como pollo troceado, aceite comestible –excepto el de oliva–, detergente en polvo, pastas alimenticias, salchichas y leche en polvo.
Uno de los organismos que ha impuesto más multas es el MFP. Por ejemplo, en un lapso de dos días se impusieron 4,332 multas, que ascendieron a más de 13 millones de pesos; mientras que la semana anterior se realizaron 58 decomisos, 773 ventas forzosas, 171 cierres de establecimientos y 197 retiros de proyectos de trabajo.
Aunque no se especificaron los montos, productos o establecimientos involucrados, únicamente se informó que las sanciones se debieron a la comercialización de productos sin mostrar los precios, no presentar la legalidad de las materias primas utilizadas en la prestación de servicios o venta de productos agrícolas, no exhibir los códigos QR de las plataformas de pago y personal trabajando sin la correspondiente contratación.
Asimismo, se destacó que “las principales violaciones se observan en el incumplimiento de los precios aprobados por el Comité de Contratación y Concertación de Precios y de los establecidos en la Resolución 225 del MFP”.
Por otro lado, en relación con las acciones de control fiscal, hasta la fecha este ministerio ha ejecutado un total de 157,331 acciones, y se han determinado deudas por un monto total de 2,999,390,000 pesos.
Otras acciones se han concentrado en la conclusión de 49 auditorías fiscales con un importe de 58,605,000 pesos, se realizaron 2,772 acciones de fiscalización por un monto de 886,314,000 pesos y se revisó el cumplimiento de las obligaciones de 154,510 contribuyentes, detectando subdeclaración en 99,871 de ellos, a quienes se les determinó una deuda de 2,054,471,000 pesos.
Esto evidencia que desde el Gobierno se continúa aumentando el control sobre los procesos tributarios para captar el dinero que se está evadiendo como parte de fraudes.
A pesar de que se afirma que se logrará reducir el déficit fiscal y se contribuirá más a los procesos relacionados con el presupuesto, persiste la incertidumbre sobre si el aumento en las multas o el endurecimiento de los controles serán la solución a los problemas tributarios.
