Foto: Noticias Caracas
En el marco de las celebraciones por el mes del Orgullo, España inicia hoy el proceso de tramitación de la conocida como «ley trans» en el Consejo de Ministros.
Han sido meses de negociaciones, un tiempo corto en comparación con la larga lucha de la comunidad por sus derechos. Ahora, el Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI avanza, aunque no sin enfrentarse a críticas y desafíos.
Esta ley trans es resultado de la combinación de dos normativas propuestas por los socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Una de ellas está enfocada específicamente en las personas trans, mientras que la otra aborda de manera más amplia a otros colectivos, incluyendo lesbianas, gais, bisexuales e intersexuales.
Una vez aprobado el anteproyecto, el texto deberá someterse a la revisión de los órganos consultivos y a toda la tramitación parlamentaria en las Cortes, donde se recibirán aportaciones y modificaciones de otros grupos antes de su aprobación final.
El motivo por el cual esta noticia ha resonado en los medios internacionales se debe, en gran parte, a la cuestión de la libre autodeterminación de género, es decir, a la posibilidad de que una persona cambie su nombre y sexo en el DNI solo con su voluntad.
Con la implementación de esta ley, España se convertiría en el séptimo país de Europa en permitir la autodeterminación de género y el décimo sexto a nivel mundial, sumándose a otros países como Dinamarca, Portugal, Noruega, Malta, Argentina, Irlanda, Luxemburgo, Grecia, Costa Rica, México (solo en la Ciudad de México), Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay.
La «ley trans» propone eliminar la necesidad de informes médicos o de años de hormonación que actualmente son requisitos para cambiar el DNI; según El País, se implementará un sistema de doble comparecencia en el que la persona deberá solicitar el cambio en el Registro Civil y regresar tres meses después para confirmarlo, sin necesidad de tutelas ni testigos.
De acuerdo al texto aprobado como anteproyecto, las personas mayores de 16 años podrán solicitarl el cambio de manera independiente, mientras que a partir de los 14 años se permitirá con el consentimiento de padres o tutores (ya que a esa edad es obligatorio contar con DNI) y no desde los 12 años como se proponía en el borrador elaborado por Igualdad en febrero, apunta el mismo diario español.
Irene Montero, de Unidas Podemos, afirma que con esta ley las personas trans dejarán de ser consideradas como enfermas en España, y que esto funcionaría como un acto de reconciliación hacia todas aquellas personas a las que este país les ha transmitido que sus vidas valían menos. Por su parte, Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FELGTB), ha señalado que este es un primer paso hacia la consecución de derechos y la eliminación de la patologización.
No obstante, los opositores han alzado la voz; según La Vanguardia, Altamira Gonzalo, presidenta del consejo asesor de igualdad del PSOE, ha expresado su desacuerdo con el proyecto del Gobierno, respaldando a Carmen Calvo, la vicepresidenta primera del Gobierno, quien ha recordado que ser mujer no se define ni como un sentimiento ni como una identidad. Asimismo, Rosa Peris, secretaria de igualdad de los socialistas valencianos, ha manifestado su discrepancia con el texto, y no son pocos quienes critican las supuestas prisas por aprobar un proyecto en vísperas del Orgullo para evitar controversias.
El movimiento feminista también muestra su oposición a la autodeterminación de género, argumentando que tales teorías presuntamente «niegan la realidad de las mujeres», y que al desconocer el sexo biológico, se estaría ignorando la desigualdad que se mide y construye a partir de este hecho biológico, poniendo en riesgo las leyes que protegen a las mujeres de la discriminación.
A pesar de esto, la responsable de Igualdad califica esta ley como una norma «feminista». «Las protagonistas de esta ley son las personas LGTBI, en particular las personas trans, pero también las feministas. O llegamos todas o no llegará ninguna», citó El País a Montero.
Aparte de la autodeterminación de género, la ley aborda otros asuntos, como el derecho de filiación para los hijos e hijas de mujeres lesbianas, la inclusión de tratamientos de fertilidad para lesbianas o personas trans con «capacidad de gestar» dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, y sanciones de hasta 150 mil euros para las terapias de conversión.
