Texto: Hugo León
Foto: Cuba Noticias 360
El juez federal de distrito James E. Boasberg determinó que existe causa probable para declarar a la administración de Donald Trump en desacato penal al tribunal, y advirtió que podría considerar el enjuiciamiento de algunos funcionarios por no cumplir con sus órdenes de devolver los aviones que transportaban deportados a una prisión en El Salvador.
Boasberg acusó a funcionarios del gobierno de apresurar la salida del país de los deportados antes de que tuvieran la oportunidad de impugnar su expulsión en el tribunal.
Según el juez, que fue nominado al tribunal federal por el ex presidente demócrata Barack Obama, podría llevar a cabo audiencias y, posiblemente, remitir el asunto para su enjuiciamiento si el gobierno no actúa para corregir la violación.
“El tribunal determina, en última instancia, que las acciones del Gobierno ese día demuestran un desprecio deliberado de su orden, suficiente para que se pueda concluir que existe causa probable para declarar al Gobierno en desacato penal. El tribunal no llega a tal conclusión a la ligera o precipitadamente; de hecho, ha dado a los demandados amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”, escribió Boasberg en una decisión de 46 páginas.
«La Constitución no tolera la desobediencia intencionada de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios de una rama coordinada que han jurado defenderla», enfatizó.
El magistrado aseguró que el gobierno podría evitar procedimientos de incumplimiento si asume la custodia de los deportados para que tengan la oportunidad de impugnar su expulsión.
Además, indicó que otorga a la administración hasta el 23 de abril para explicar las acciones que ha tomado para remediar la violación, o, en su defecto, identificar a la persona o personas que decidieron no hacer que los aviones regresaran.
El gobierno federal informó que apelará la decisión, y según Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, Trump está 100% comprometido en garantizar que los terroristas y los migrantes ilegales criminales ya no representen una amenaza para los ciudadanos estadounidenses y sus comunidades en todo el país.
En varias ocasiones, los funcionarios del gobierno han criticado a los jueces por limitar las acciones del presidente, acusando a los tribunales de interferir indebidamente en sus poderes ejecutivos.
Trump y sus aliados han solicitado la destitución de Boasberg, ante lo cual el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, declaró que «la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial».
¿A qué se debe la disputa contra el Gobierno de Trump?
Para justificar la deportación de inmigrantes a El Salvador, el presidente de Estados Unidos invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se ha utilizado en tres ocasiones en la historia y siempre en contextos de guerra. Cuando Boasberg fue informado de que los aviones ya habían despegado, ordenó que las aeronaves regresaran a Estados Unidos.
Horas después, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que los deportados habían llegado a su país. En una publicación en redes sociales expresó: «Ups… demasiado tarde», relacionado con un artículo que hacía referencia a la orden de Boasberg.
Según el gobierno de Trump, no violaron ninguna orden, ya que argumentan que el juez no incluyó en su orden escrita la directriz de regresar a Estados Unidos y los aviones ya habían dejado el país al emitirse esa orden.
Hace unas semanas, la Corte Suprema anuló la orden temporal de Boasberg que bloqueaba las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, pero afirmó que a los inmigrantes se les debe conceder la oportunidad de impugnar sus deportaciones antes de ser expulsados.
Boasberg indicó que, aunque la Corte Suprema halló que su orden “sufría de un defecto jurídico”, eso «no excusa la violación del gobierno».
El juez agregó que el gobierno parecía haber «desafiado deliberadamente la orden del tribunal».
