La semana pasada la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el principal órgano de derechos humanos de las Américas, inició las audiencias de un caso del 2002 que involucraba a una estudiante ecuatoriana que fue agredida y abusada sexualmente por funcionarios escolares, lo que la llevó a optar por el suicidio.
Las decisiones referidas al caso no dieron lugar al establecimiento de las responsabilidades que debían imputarse al acosador sexual, Bolívar Espín, un asistente de escuela de 65 años que habría ultrajado a Paola Guzmán provocando que la joven acabara por quitarse la vida.
Movida por la tristeza, la impunidad y la injusticia; la madre de Paola recurrió ante todas las instancias para castigar a los culpables. Hoy, luego de 18 años, después de haber agotado todos los recursos y aun sabiendo que con ello jamás tendría a su hija de regreso; probablemente, se haya logrado sentar, por lo menos, un precedente en contra de la violencia sexual y el abuso escolar.
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A 18 años del suicidio de Paola Guzmán, la CIDH condena a Ecuador
Parece mentira, pero así lo es; y es que, pasados 18 años del caso de abuso sexual de la menor Paola Guzmán, quien luego de saber que había quedado embarazada se suicidó. La CIDH encontró al Estado de Ecuador como el principal responsable de la violencia ocurrida a la joven estudiante.
La sentencia destacó que la violencia sexual y el posterior suicidio de la adolescente, es el primer caso conocido ante ese Tribunal, en tal sentido, la condena es emitida en contra del Estado. Pues hubo una serie de omisiones e irregularidades que dan por sentado un acto injusto y deliberado.
Este abominable hecho ocurrió entre los años 2001 y 2002. La menor tenía muchas dificultades académicas y el vicerrector de la escuela, Bolívar Espín, se había ofrecido para ayudarla, solo que esta asistencia estaba condicionada: “Mantener relaciones sexuales, de lo contrario, la joven estaría reprobada”.
Por más de un año y medio el vicerrector del colegio mantuvo un acoso sexual permanente. Lo más lamentable, además del acto en sí, es que el personal del instituto educativo y estudiantes estaban al tanto de la situación.
Un acto tan monstruoso destruyó no solo la vida de una humilde y trabajadora familia, sino que, además provocó que la menor tomara la decisión de envenenarse y acabar con su propia existencia.
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El día que Paola Guzmán se suicidó
El 12 de diciembre de 2002, la joven estudiante de tan solo 14 años ingirió once pastillas de fósforo blanco, una sustancia altamente nociva y mortal. Ese día Paola Guzmán fue trasladada a la enfermería del colegio en donde, en lugar de encontrar la atención requerida, se le pidió que rezara.
Más tarde, Petita Albarracín, madre de Paola, fue notificada de la situación y trasladó a la pequeña a un centro de atención médica. Pese a todos los esfuerzos, lamentablemente, la menor falleció al día siguiente.
La actuación del Estado de Ecuador
El autor de este hecho, Bolívar Espín, fue acusado de abuso y acoso sexual e incitación al suicidio. Sin embargo, en el año 2008 el caso fue prescrito. Previo a tal disposición:
- En el año 2003, la investigación se inicia en el oeste de Ecuador, en la fiscalía de Guayas. La defensa de Petita había solicitado prisión preventiva para el abusador. En esta ocasión, el pedido fue negado por el juez a cargo.
- Un año más tarde, cuando parecía comenzar a hacerse justicia, fue dictada una orden de prisión preventiva contra Espín. No obstante, el hombre se escapó, y cuando fue citado para el juicio, no se presentó.
- Para el año 2005, la madre de Paola presenta una demanda y se emite una sentencia por daño moral en contra del vicerrector y se obliga a pagar una indemnización de US$25.000 dólares. Compromiso que, obviamente, también fue incumplido.
- Este caso fue presentado en el año 2006 por el Centro de Derechos Reproductivos. En dicha audiencia se alega que el gobierno ecuatoriano no actuó de la manera adecuada.
Solo en el ámbito administrativo se logró una sanción para Espín, y no por esta causa, sino por abandono del cargo como vicerrector. Se conoció que el autor de este hecho siguió trabajando en otras escuelas en donde se le desconocía. Así transcurrió el tiempo hasta que el caso y los delitos imputados al agresor, prescribieron.
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La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La prescripción de un caso que ameritó un seguimiento de Estado y una resolución a favor de los afectados requirió de una actuación internacional y, particularmente, se hizo efectiva una sentencia en contra del Estado de Ecuador, en el sentido de que este país es responsable porque:
- Violó los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se debe garantizar el derecho a la vida, a la protección de la honra y la dignidad, a la integridad personal y a la educación.
- Incumplió con la obligación de hacer frente a actos de violencia contra la mujer
- Debió intervenir en la prevención de actos de esta naturaleza
- Quebrantó derechos y garantías constitucionales, judiciales y humanas de la madre y hermana de Paola, a quienes se negó una justa sentencia en su momento.
En fin, esta CIDH ordenó al Estado de Ecuador adoptar medidas que conlleven a tratar todo crimen de índole sexual y abusivo en el ámbito educativo. Además, asignó una indemnización a la familia de la víctima.
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Un precedente histórico en Ecuador…
Cuando se hizo público el caso de abuso y suicidio de Paola salieron a la luz otras historias de violación en el instituto educativo. El silencio cómplice de las autoridades hizo que reinara el miedo y la desesperanza en un centro de enseñanza. Vale decir que al menos el 32% de las niñas en Ecuador menores de 14 años han denunciado agresión sexual en la escuela.
La jurisdicción de la CIDH abarca desde México hasta Chile, por lo tanto, este resultado sienta un precedente para los derechos de las mujeres en América Latina. Incluso muchos activistas creen que podría haber «repercusiones internacionales».
