Foto: Cuba Noticias 360 (Imagen de referencia)
A dos años de la implementación de la ‘Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar’, el Estado cubano ha reconocido los retos y desafíos que aún enfrenta para su aplicación.
Un informe del diario estatal Granma señala que esta estrategia también busca fomentar el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social, así como garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, protegiéndolas de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y contextos.
La vice primera ministra de Cuba, Inés María Chapman, proporcionó detalles sobre las acciones realizadas en el país para implementar la estrategia, a dos años de su aprobación y en un contexto caracterizado por las continuas denuncias de plataformas feministas.
Según Chapman, la estrategia asegura una respuesta para la prevención y atención efectiva de la violencia de género mediante la colaboración entre el Estado, los actores sociales en las comunidades y la ciudadanía.
Su implementación ha sido facilitada a través de una serie de normativas aprobadas en la isla, cuyas disposiciones destacan la protección de las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia.
Entre las normativas mencionadas por Chapman se encuentran el Código de las Familias, la recién establecida Defensoría, la Ley 151 del Código Penal, la Ley 152 de Ejecución Penal, el Decreto-Ley 74 que regula la Ley de Ejecución Penal, la Ley 141/21 del Código de Procesos y el Protocolo de actuación para prevenir el acoso laboral.
Entre los organismos estatales involucrados en la implementación de la estrategia, la vice primera ministra subrayó el papel de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), que, según sus declaraciones, «está fortaleciendo su labor a nivel local, con sus bloques, actores comunitarios, redes de apoyo, prevención, identificación y atención a la violencia, así como la organización y fortalecimiento de las Casas de Orientación a la Mujer y las Familias, las Consejerías de violencia y las Casas taller».
Esta misma institución, junto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ha realizado un levantamiento de las familias que viven en situaciones de violencia o tienen inclinaciones hacia ello, añadió Chapman.
Las cifras oficiales revelaron que alrededor de 5,600 familias se encuentran en situación de violencia. Dentro de estos núcleos, cohabitan más de 16,000 mujeres y niñas.
Ante estas estadísticas y para asegurar la aplicación efectiva de la estrategia, el gobierno cubano cuenta con los protocolos de actuación de sus diferentes organismos estatales, como el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Revolucionaria, y los ministerios de Salud Pública y Justicia.
Respecto a la Fiscalía, hace tiempo se conoció la propuesta de creación de un Registro Administrativo Interoperable que permitiría contar con «información en tiempo real de la muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género», según indicaban los reportes de prensa.
Inés María Chapman reiteró que «este sistema interoperable, funcionando correctamente, nos permitirá ser más efectivos, especialmente en la prevención; por eso estamos trabajando en su diseño y perfeccionamiento, para que todos los actores involucrados tengan acceso a la información y se pueda dar seguimiento a los casos, aunque el proceso no esté finalizado».
Finalmente, la directiva expuso las acciones que actualmente se están llevando a cabo para mejorar la implementación de la mencionada estrategia.
Entre ellas, destaca el perfeccionamiento y sistematización de una atención «más integral a la violencia de género, basada en la intersectorialidad y el enfoque multidisciplinario del fenómeno».
Asimismo, se busca especializar a los profesionales de atención social, sanitaria, de emergencia, policial o jurídica, con una perspectiva de género, para garantizar su adecuada labor, prevención y evitar la revictimización.
Otro aspecto relevante es la promoción de una cultura jurídica en la población sobre esta temática, así como la actualización de la campaña de comunicación sobre la violencia de género y los protocolos de actuación.
A pesar de estas pautas del Estado cubano, las plataformas feministas, medios no estatales y algunos activistas continúan denunciando la violencia machista en la isla. A través de sus canales o redes sociales, están visibilizando casos de violencia u homicidio que hasta este momento el gobierno no ha abordado de manera efectiva.